República Dominicana

Comisión de Ética

Las Comisiones de Ética Pública (CEP)

Son espacios de reflexión consultivos, educativos, de investigación e intervención y con carácter deliberativo ante los problemas y dilemas éticos que suscitan en el ámbito laboral y profesional. Actuarán como veedores de la administración pública con el interés de fomentar la transparencia y por ende el bien hacer. Esto lo lograrán, a través de su trabajo, monitoreo de los códigos de comportamiento ético de los funcionarios y el de los servidores públicos.

Las conformaciones de estas se encuentran reguladas por la Resolución No. 1-2012, emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), entidad rectora en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.

Las Comisiones de Ética Pública fueron creadas con el objetivo de fortalecer la democracia y transparencia en el Estado Dominicano, las mismas son entes vigilantes del cumplimiento ético y de las gestiones  de calidad en todas las instituciones públicas, para prevenir y superar las posibles deficiencias y debilidades.

 

Beneficios que aportan las CEP en las instituciones

  • Moralizan el quehacer público y generan confianza en la ciudadanía.
  • Demuestran que es posible el bien hacer.
  • Generan confianza en los usuarios.
  • Promueven una fuerte imagen pública.
  • Mejoran la confianza en las relaciones entre individuos y grupos.
  • Promueven una cultura ética que se traduce en una administración ética en el lugar de trabajo.
  • Los programas éticos son una póliza de seguro, ayudan a asegurar la calidad y transparencia en los servicios y permiten a los empleados tener crecimiento y razón de ser.
 

Misión

Ser el órgano rector en materia de ética, transparencia y acceso a la información, fomentando una conducta integra de los servidores públicos, mediante la supervisión del cumplimiento de leyes y políticas de prevención de la corrupción que contribuya al fortalecimiento del sistema democrático y a garantizar los derechos de los ciudadanos, a través de una cultura de gobierno abierto.

Visión

Posicionarnos como órgano rector en temas de prevención e investigación de posibles actos de corrupción en el Estado Dominicano, impulsando la ética y la transparencia, a través de la promoción de un comportamiento integro por parte de los servidores públicos.

 

Valores

  • Transparencia.
  • Responsabilidad.
  • Justicia.
  • Honestidad.
  • Cooperación.
  • Confidencialidad.
  • Lealtad.
  • Integridad.
  • Compromiso.

 

Funciones de las CEP

  • Diseñar e implementar programas de sensibilización y/o difusión de ética, dirigidos a sus miembros y de la comunidad laboral (función educativa).
  • Fomentar en su institución los buenos modos de hacer (buenas prácticas).
  • Promocionar la ética mediante periódicos creados por ellos mismos, boletines, murales, noticias, actividades, charlas para los servidores públicos.
  • Seguimiento para la suscripción y remisión a la DIGEIG del Código de Pautas éticas que corresponde firmar a los funcionarios designados por decreto.
  • Realizar monitoreo y seguimiento a los códigos de pautas éticas y códigos de ética institucional, y remitir oportunamente a la DIGEIG los informes correspondientes.
  • Fomentar la humanización del trabajo, diseñando acciones que desarrollen los potenciales creativos de los individuos, mejorando al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño laboral.
  • Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGE3IG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la Alta Dirección las adecuaciones que pudieran ser requeridas.
  • Gestionar el acompañamiento de la DIGEIG, en reuniones en donde la CEP lo considere pertinente.
  • Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios e empleados públicos.
  • Promover que los miembros de la CEP reciban capacitación adecuada para el eficiente y eficaz ejercicio de sus funciones.

Listado de Miembros y Contactos

Cargo

Función en CEP

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Consultor Jurídico

Coordinador General 

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargado de Oficina de la Dirección de Operaciones

Miembro 

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargada del área de Psicología de RRHH

Coordinadora Operativa de Ética 

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargada de la Sección de Activos Fijos

Coordinadora Operativa de Educación

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Digitador del Departamento de Químicos y Precursores                  

Miembro 

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargada de la Sección Jurídica del Departamento de Investigación Financiera                  

Coordinadora Operativa de Controles Administrativos

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información

 Secretaria

rai@dncd.mil.do

809-221-4166

Encargada de Control de Calidad de la Dirección de Inteligencia Estratégica 

Suplente del Área Sustantiva 

cep@dncd.mil.do

809-221-4166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), es un órgano de Seguridad, Investigación e Inteligencia del Estado, razón por la cual los nombres de los empleados que laboran en la misma no pueden ser publicados; toda vez, que si bien es cierto, que no todos realizan funciones sensitivas o de alto riesgo, no menos cierto es que hemos enfrentado situaciones, en las cuales personal administrativo y de otras aéreas se han visto amenazados, tanto  ellos como sus familiares, por reconocidos delincuentes que entienden que por el solo hecho de laborar en la DNCD, son culpables de que los mismos sean arrestados o atrapados en flagrante delito. En virtud de lo antes expuesto, nos amparamos en el Literal K del Artículo 17 de la Ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública en nuestro país, el cual ampara las limitantes al acceso, en razón de intereses públicos preponderantes para la “Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad”.